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Malestar en el sector textil por una empresa que salta el ‘corralito importador’

Una firma logró que la Justicia le permita compras del exterior sin necesidad de que el Gobierno le otorgue la licencia no automática y acceder al MULC para importaciones sin previa conformidad del BCRA. Preocupación en el sector textil por una eventual «catarata de cautelares».

Empresarios del sector textil expresaron su malestar por la medida cautelar otorgada por la Justicia a una empresa importadora de telas al por mayor.

El fallo del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal número 7 hizo lugar al reclamo de la firma Berserker Shipping de ejecutar la importación de productos que se encontraban demorados, sin necesidad de que la Secretaría de Comercio le otorgara la autorización de la licencia no automática. El esquema de licencias no automáticas es uno de los instrumentos del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), reestablecido por Fernández en pos de endurecer el control de divisas y desalentar las compras del exterior, además de proteger a ciertos sectores manufactureros que compiten con importaciones.
Además, la medida cautelar le permitió a la compañía a acceder al dólar oficial para la importación de productos sin necesidad de tener conformidad previa del Banco Central (BCRA).
Es que las comunicaciones «A» 7030 y «A» 7068 dispusieron que las empresas que necesiten divisas al tipo de cambio oficial para pagar compras del exterior requieren el beneplácito de la autoridad monetaria.
Eso llevó a muchas compañías a reponer sus importaciones al tipo de cambio paralelo. Varias optaron por cargar el monto de la brecha en el precio de los productos o bien directamente no importar mientras perdure la restricción.
Para esta empresa, ya no corre tal exigencia. Para Jorge Sorabilla, vicepresidente de Pro Tejer y miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), la acción judicial «causa preocupación» en el sector dado que «perfora» la arquitectura legal de la protección sobre el sector. «No conozco a la empresa, pero este tipo de acciones judiciales que muchas veces están enmarañadas causan preocupación porque perforan las medidas de política pública que tratan de evitar un mayor daño en el entramado productivo y dificultan un proceso de revalorización productiva», señaló.Sorabilla sostuvo que, si bien no demuestra que haya una tendencia, el sector «debe estar atento para que no se generalice». «Hay que estar atentos para que se investigue a la persona jurídica y sus representantes, porque muchas veces si nos remontamos al pasado aparecían representantes legales a personas que no podían justificar el origen de los fondos», afirmó y concluyó: «En la UIA no se trato pero
obviamente es un tema para estar alerta».
En tanto, el empresario textil Alejandro Pernas coincidió en que la noticia despertó preocupación en el sector, dado que si estas acciones judiciales proliferan habrá una «catarata de cautelares». «La noticia no es bien recibida, ya que no veo justo que se abran empresas solo para importar y aprovechar el momento forzándolo inclusive por la vía judicial y pasando por sobre encima de las medidas dispuestas por la administración actual», comentó.El empresario consideró «injusta» la medida, al sostener que con esto la Justicia «tira por la borda» los presupuestos de importación de cada empresa y de las secretarías de Gobierno. «Que la justicia tire todo por la borda por algunos ventajistas no me parece justo, así nadie puede armar un programa económico sustentable ni pensar en desarrollarse, ya que perforan por todos lados», afirmó.

Fuente: – 22/07/2020 Cronista.com – AGUSTÍN SZAFRANKO

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